Consideran que es una medida con la que se pueden evitar apagones y una crisis en el Sistema Eléctrico Nacional.
Intergremiales del Atlántico y Magdalena y las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira le dieron un espaldarazo al proyecto de resolución en el que se plantea un incremento de $8 por kWh en el componente de restricciones de las tarifas del servicio de energía eléctrica.
Los agremiados resaltaron que la medida anunciada busca evitar una crisis generalizada del Sistema Eléctrico Nacional (SIN) por el efecto de las obligaciones financieras vencidas de Air-e Intervenida con generadores, transmisores y otros agentes del mercado, que representan aproximadamente el 40% de la demanda de energía del país.
Según las cifras entregadas, esas deudas, a corte de diciembre de 2025, sumaron $2,5 billones, con crecimiento mensual cercano a los $145.000 millones, según datos del Ministerio de Minas y Energía.
“La insuficiencia de caja operativa de Air-e Intervenida se está trasladando a los transmisores y generadores de energía, a tal punto que las termoeléctricas llegaron al límite de su capacidad de compra del gas que necesitan para operar y que tienen que pagar anticipadamente. Esa situación puede ocasionar apagones en la Región Caribe por la falta de generación de energía, y materializar el riesgo sistémico que enfrenta todo el Sistema Eléctrico Nacional”, resaltó la comunicación intergremial.
¿Por qué se ha presentado esta crisis?
De acuerdo con la información entregada por estos comités intergremiales, la crisis obedece a la suspensión de la medida de limitación de suministro a comercializadores y distribuidores de la Región Caribe, la cual se aplica cuando dejan de pagarle a los generadores la energía que consumen.
“Esa suspensión, ordenada por el Gobierno nacional, ha distorsionado las condiciones normales de operación del mercado, y tiene un fuerte impacto financiero en las termoeléctricas como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de Air-e Intervenida”, dijeron.
Y resaltaron que el riesgo derivado de esta crisis en el Caribe no es un problema regional aislado, sino un reto que amenaza la continuidad del suministro de energía en todo el país por no contar con la generación térmica que le da soporte a todo el Sistema Eléctrico Nacional. Un colapso de Air-e y de las termoeléctricas expondría al país a un racionamiento generalizado.
“Es evidente que el Gobierno nacional no tuvo un plan de gestión para asumir la administración que respaldara la intervención de Air-e y que no ha utilizado otras fuentes de recursos disponibles para darle la liquidez suficiente y mantenerla operando sin limitaciones financieras”, mencionaron.
Hacen solicitudes de ajuste a la propuesta
Los intergremiados señalaron que se deben hacer una serie de ajustes a esta propuesta del Gobierno y por lo tanto plantearon que se anuncie un tiempo finito para la aplicación transitoria de la medida, el cual se cumpla cuando se recaude el monto de los recursos para pagar la totalidad o parte de las deudas que tiene Air-e Intervenida con los agentes del mercado, de manera que se garantice la continuidad en el servicio que reciben los usuarios, y se restablezcan las condiciones financieras bajo las que opera el Sistema Eléctrico Nacional.
Para ello proponen que la resolución debe fijar el monto a recaudar y el monto de las deudas a pagar y establecer datos técnicos medibles y verificables.
Solicitan que se realice un análisis que demuestre que el impacto del incremento en el costo de las restricciones, dentro de la fórmula tarifaria del servicio de energía, es inferior al costo que tendrían los racionamientos en la economía del país y la continuidad de la situación extraordinaria en la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.
Y anuncian que necesitan una aclaración que precise los argumentos jurídicos que tiene el gobierno para sustentar que con el cargo transitorio a las tarifas no se busca que los usuarios de todo el país paguen por una energía consumida por los tres departamentos atendidos por Air-e Intervenida.
“Tampoco se trata de subsidiar a los usuarios de la Región Caribe, facilitándoles el acceso al servicio de energía. Y que no se crea un impuesto porque el recaudo no ingresará al presupuesto de la Nación ni financiará gasto público”, se resalta en el documento.
Finalmente, solicitan que paralelamente la Superintendencia de Servicios Públicos consiga autorización del Ministerio de Hacienda para tener las garantías de la Nación que le permitan apropiar, a través del Fondo Empresarial, recursos que aseguren la continuidad en la prestación del servicio de Air-e Intervenida, tal como lo establece la Ley 812 de 2003. Con ese mismo propósito se pueden hacer operaciones de crédito público o créditos de tesorería otorgados por la Nación.
“Más allá de la medida contemplada en el proyecto de resolución, se necesita con urgencia una solución estructural que implique un cambio del modelo de gestión del sistema eléctrico de la Región Caribe, teniendo en cuenta sus condiciones de pobreza extrema que supera ampliamente al promedio nacional, limita la capacidad de pago de los usuarios, profundiza la pobreza energética y es la causa principal del rezago en la prestación del servicio de energía”, puntualizó el documento.
FUENTE: Portafolio – ENERGÍA
